La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha celebrado este lunes un Comité Ejecutivo Autonómico de la Administración General del Estado (AGE) en Castilla y León para analizar la situación de las plantillas y reclamar mejoras salariales para los empleados públicos. La secretaria nacional de negociación de CSIF y presidenta del sector AGE, Milagros Dorronzoro, y el presidente del sector de AGE en CSIF Castilla y León, Juan Carlos González, encabezaron la reunión.
Los representantes sindicales denunciaron la reducción de plantillas en múltiples organismos, incluyendo el IMSS, la Tesorería General, la Agencia Tributaria, las instituciones penitenciarias, la Confederación Hidrográfica del Duero, el SEPE y las subdelegaciones del Gobierno. Según CSIF, en los últimos 15-16 años la Administración ha perdido alrededor de un 20% de sus trabajadores, mientras la carga de trabajo ha aumentado significativamente.
“Buscamos que las plantillas sean sostenibles, que el índice de reposición no sea el único parámetro y que haya los trabajadores necesarios para realizar el trabajo que requiere la ciudadanía”, señaló González.
El sindicato también criticó la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos 20 años, que cifran en un 20% en Castilla y León, y reclamó una equiparación salarial con las comunidades autónomas. Dorronzoro subrayó que los empleados públicos no han recibido en octubre una subida salarial correspondiente a 2025, a diferencia del resto de los trabajadores españoles.
CSIF exigió al Gobierno la apertura inmediata de negociaciones para un acuerdo plurianual que incluya incrementos retributivos, la eliminación de la tasa de reposición para ajustar las plantillas a las necesidades reales, mejoras en la jubilación y la equiparación salarial entre administraciones.
Para visibilizar estas demandas, el sindicato ha convocado concentraciones el próximo 30 de octubre en todas las subdelegaciones del Gobierno de Castilla y León. “Esperamos una respuesta del Gobierno. Si no se produce la negociación, no descartamos manifestaciones e incluso la convocatoria de una huelga de empleados públicos”, advirtieron.
En cuanto al impacto de la subida salarial pendiente de 2025, CSIF indicó que hasta la fecha se ha perdido más de un 3% del poder adquisitivo, equivalente al incremento del IPC, que servirá como base para la negociación.
El sindicato insistió en que estas medidas no solo buscan defender los derechos de los empleados públicos, sino también garantizar un empleo público de calidad y mantener la prestación adecuada de servicios esenciales para los ciudadanos.
