Un total de 1.874 trabajadores tuvieron que acudir al Fondo de Garantía Salarial en 2025 en Castilla y León para poder percibir parte de sus salarios e indemnizaciones por parte de sus empresas tras declararse insolventes, lo que supone un descenso del 15,4 por ciento en relación a los 2.216 que se contabilizaron en 2020, cinco años atrás.
Los datos los facilita el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que precisa que estos trabajadores estaban empleados por 688 empresas que hicieron suspensión de pagos, un 3,6 por ciento por debajo de las 714 de 2020, informa Ical. El número de expedientes tramitados pasó de los 2.169 en 2020 a los 1.843 en 2025, un 15 por ciento menos.
Bajando al detalle, el departamento que dirige Yolanda Díaz precisa, como recoge Ical, que los varones trabajadores afectados el año pasado por impagos, que tuvieron que recurrir a Fogasa, fueron 1.069, con una merma del 18,1 por ciento respecto a cinco años atrás, mientras que las mujeres asalariadas afectadas sumaron 759, con un descenso del 15,3 por ciento. Sobre 46 afectados no consta el sexo.
Cabe destacar asimismo que los abonos efectuados a estos trabajadores por parte de Fogasa ascendieron en 2025, en Castilla y León, a algo más de cinco millones, con una rebaja del 7,8 por ciento en relación a un lustro atrás; mientras que las indemnizaciones sumaron 8,2 millones, con un desplome del 19,8 por ciento. En total, percibieron a través de Fogasa 13,2 millones, que suponen una contracción del 15,6 por ciento en cinco años.
Por sexo, los varones cobraron 8,7 millones del fondo, y las mujeres, 4,3, con caídas del 9,2 y 28,6 por ciento, respectivamente. No consta el sexo de los trabajadores a los que abonaron 216.044 euros.
La actividad del Fogasa alcanzó su cénit durante el marasmo de la crisis de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2008, y llegó a tener que cubrir los salarios e indemnizaciones de 18.727 trabajadores en la Comunidad en 2013, con 6.830 empresas afectadas. Si en 2006 atendió a 2.997, en 2008 ya eran 4.468; 9.972 en 2009; 12.428 en 2010; 12.785 en 2011; 17.850 en 2012, y el máximo en 2013. Entonces inició la curva de descenso, con la progresiva aunque lenta recuperación (16.723 en 2014 y 6.340 en 2015), para llegar a 2019, con 2.728 empleados atendidos, y seguir su descenso en 2020, pese al estallido de la pandemia, gracias a las medidas económicas de contención, con 2.216 asalariados en su listado, aunque en 2021, creció ligeramente, con 2.218. Los años de bonanza posteriores, permitieron bajar en 2022 a 2.057, a un mínimo de 1.599 en 2023, a 1.946 en 2024, y llegar a 2025 con 1.874.
Provincias
Por provincias, los trabajadores que tuvieron que acudir a Fogasa en 2025 en relación a los del 2020, sólo crecieron en Palencia (124), un 65,3 por ciento, y disminuyeron en Segovia (57), un 38,7 por ciento; en Zamora (74), 33,9 por ciento; en Burgos (238), un 31,4 por ciento; en León (531), un 21,7 por ciento; en Ávila (41), un 10,9 por ciento; en Salamanca (285), un 8,4 por ciento; en Valladolid (479), un 5,5 por ciento; y en Soria (45), un 4,3 por ciento.
Las empresas que dejaron de ,pagar nóminas se contrajeron en Zamora (40), un 64,3 por ciento; en León (159), un 28,1 por ciento, y en Segovia (23), un 14,8 por ciento, en 2025, en comparación a 2020. Por el contrario, crecieron en Valladolid (201), un 14,9 por ciento; en Palencia (40), un 11,1 por ciento; en Burgos (94), un ocho por ciento; en Soria (14), un 7,7 por ciento; en Ávila (27), un 3,8 por ciento; y en Salamanca (103), un uno por ciento.
Por último, cabe destacar que las cantidades percibidas por los afectados abonadas por el Fogasa, solo se elevaron en 2025, en relación a cinco años antes, en Palencia (1,4 millones de euros), un 95 por ciento; y en Ávila (205.950 euros), un diez por ciento. Por el contrario, se contrajeron Segovia (358.727 euros en 2025), un 52,3 por ciento; en Soria (198.665 euros), un 51,4 por ciento; en Zamora (484.466 euros), un 44,1 por ciento; en Burgos (1,48 millones), un 38,5 por ciento; en León (3,59 millones), un 22,2 por ciento; en Salamanca (2,4 millones), un 5,8 por ciento; y en Valladolid (3,05 millones), un 2,1 por ciento.
