El TSJ de Castilla y León ha fallado a favor del Ayuntamiento de Zamora, revocando la resolución anterior que avalaba la reclamación de la empresa láctea Gaza. La compañía solicitaba una indemnización de 1,2 millones de euros por la utilización de los terrenos vinculados a los accesos del Puente de los Poetas, alegando incumplimiento del convenio firmado hace más de una década.
El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha explicado que el origen del conflicto se remonta a 2009, durante el mandato de Rosa Valdeón, cuando se firmó un acuerdo por el que Gaza cedía al Ayuntamiento los terrenos necesarios para construir los viales de conexión con el puente, a cambio de recibir las parcelas resultantes. En 2011 se aprobó la edificación de dichas parcelas y el puente se completó sin incidencias.
Sin embargo, la empresa alegó posteriormente que no podía construir debido a los nuevos mapas de inundabilidad elaborados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), y reclamó una compensación económica. El TSJ ha rechazado esta argumentación, considerando que el Ayuntamiento no tuvo ninguna responsabilidad en la actualización de esos mapas y que Gaza “actuó con desidia” al no desarrollar los terrenos en su momento.
Guarido destacó que la sentencia “deja claro que el convenio se cumplió” y que la imposibilidad de construir no puede atribuirse al Consistorio. Además, el tribunal apunta a la falta de diligencia de los promotores, recordando que el estudio de detalle no se presentó hasta 2017, años después de la aprobación de la urbanización.
El alcalde ha celebrado el fallo como “una resolución que pone las cosas en su sitio” y que reconoce la correcta actuación de los equipos de gobierno, tanto el de Valdeón como el actual, en la defensa de los intereses municipales. “Gaza ha obrado con muy mala fe —ha señalado Guarido—, ya que cuando se ejecutaron los viales, con un coste de tres millones de euros, la empresa resultó claramente beneficiada”.
Con esta resolución, el TSJ cierra un largo litigio urbanístico y reafirma la posición del Ayuntamiento de Zamora frente a una reclamación que el Consistorio siempre consideró “abusiva e injustificada”.
Ahora la empresa contra esta sentencia, que no es firme, cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de treinta días.
