El Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León (COOCYL) lleva años trasladando a la Consejería de Sanidad la importancia de incluir a estos profesionales sanitarios de la visión en la sanidad pública para garantizar una atención de calidad en la salud visual de los ciudadanos y, al tiempo, reducir las abultadas listas de espera que soportan los servicios de Oftalmología de la comunidad. Ahora, considera que la medida es ya una “urgente necesidad” en un sistema sanitario que se ha visto desbordado por la pandemia de covid-19 “con unas estructuras obsoletas que no responden a las necesidades asistenciales actuales, en gran parte por la falta de los profesionales sanitarios adecuados y necesarios”.
Así lo han entendido ya once comunidades autónomas en España, “pero en Castilla y León ya vamos tarde”, tal y como asegura el decano de COOCYL, Luis Ángel Merino, que iniciará una ronda de contactos con los partidos políticos que se presentan a las elecciones a las Cortes de Castilla y León, previstas para el domingo 13 de febrero, con el objetivo de hacerles llegar un completo informe con los motivos y beneficios que supondría la incorporación del óptico-optometrista en Salud Castilla y León (SACYL).
Una reivindicación que ha sido también una de las piedras angulares y objetivo prioritario del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO) durante los últimos años y que responde a la cada vez más avanzada formación y habilidades de estos profesionales, lográndose, en primer lugar, el reconocimiento legislativo del óptico-optometrista como profesional del ámbito sanitario en 2003 y, posteriormente, su progresiva, aunque lenta, incorporación al sistema público de salud como personal estatutario.
Con esta base legal, curiosamente, Castilla y León fue la primera comunidad autónoma de España en reconocer la categoría profesional sanitaria del óptico-optometrista en 2004, pero ahí se quedó. Sin embargo, en el resto de España son ya once territorios los que cuentan con ópticos- optometristas en su sistema autonómico de salud: Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Valencia, donde trabajan unos 400 profesionales integrados en los servicios de Oftalmología contribuyendo a la mejora asistencial visual tanto en hospitales como en centros de salud.
“El papel de los ópticos es fundamental para descargar las listas de espera de primeras consultas con el especialista, e incluso para hacer seguimiento tras el tratamiento o la cirugía en el caso de algunas enfermedades. Por poner un ejemplo, una persona operada de cataratas podría graduarse la vista posteriormente con un óptico-optometrista adscrito al servicio de Oftalmología”, explica Luis Ángel Merino, quien añade las múltiples tareas y las ventajas que supondría la incorporación inmediata de estos profesionales para “disminuir la presión asistencial en Oftalmología, aumentar la capacidad diagnóstica y quirúrgica de los oftalmólogos y lograr mayor rapidez en el tratamiento de los pacientes”.
Casi 30.000 personas en lista de espera
La situación de las listas de espera de Oftalmología en Castilla y León avala también la necesidad de mejorar este servicio con la incorporación de nuevos especialistas al cuidado de la salud visual. Según la última estadística oficial de la Consejería de Sanidad, a 30 de septiembre de 2021 había un total de 29.640 personas esperando una primera consulta en los servicios de Oftalmología de los diferentes hospitales de la comunidad, con una demora media de 109 días. Más de tres meses y medio de espera en una población con un elevado índice de envejecimiento y con patologías que, si no se tratan y se detectan a tiempo, pueden derivar en grave pérdida de la visión. Incluso hay provincias, como Soria, donde la situación es insostenible. La demora media se dispara a los 356 días.
Pero es que, además, como añade el decano de COOCYL, “las listas están maquilladas, solo hay que ver los pacientes que vienen a las ópticas como primera opción, por no hablar de las clínicas privadas de Oftalmología, que el día 3 ya tienen cerradas las citas de todo el mes”.
Para reforzar la petición de COOCYL, Luis Ángel Merino recuerda también que “somos una de las pocas comunidades autónomas con estudios de Grado en Óptica y Optometría”, desde hace nada menos que 25 años en la Universidad de Valladolid (Uva), lo que hace “todavía más sangrante que no se cuente con nuestro colectivo en la sanidad pública y que suframos la fuga de nuestro talento, de nuestros compañeros, que podrían aportar mucho al sistema y al final tienen que irse a otras comunidades o a otros países”.
Ahorro para el sistema
La incorporación del óptico-optometrista a Sacyl supondría, igualmente, un relevante ahorro de costes al sistema, como se desprende del informe sobre la Ampliación de cartera de servicios en salud visual: una aproximación de evaluación económica –entregado ya a la Consejería de Sanidad–, en el que se aplica una traslación de las cifras recogidas en un estudio nacional elaborado por el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas y la Sociedad Española de Optometría, teniendo en cuenta que la población de Castilla y León es el 5,13% del total de la española.
Tanto mediante el establecimiento de unidades de Optometría en ambulatorios o en el seno de los servicios de Oftalmología de los diferentes hospitales como mediante un acuerdo con entidades privadas (capitación), el ahorro para Sacyl de esta ampliación de la cartera de servicios en salud visual sería considerable.
En concreto, de acuerdo con las derivaciones desde Atención Primaria, solo por problemas de agudeza visual –que se cuantifican en 74.000 personas al año en la población pediátrica y de 63.100 en la población adulta–, serían necesarias 31 unidades de Optometría en Castilla y León (15 para atención pediátrica y 16 para adultos), con un coste anual de 59.309 cada una, lo que supondría un desembolso de 1.838.579 euros, casi la mitad de los 3.642.300 euros de coste estimado en la actualidad.
El ahorro sería igualmente considerable si se optara por un modelo de capitación, cuyo coste se estima en 2.467.800 euros, 1.174.500 euros menos que lo que se gasta actualmente.
“Desde hace años vinimos insistiendo ante la Consejería de Sanidad sobre la importancia de incluir a los ópticos-optometristas en el sistema, pero el esfuerzo se ha quedado en buenas palabras, y la situación está cada vez peor para el paciente”, añade Luis Ángel Merino, quien confía en que el nuevo Gobierno regional –y el titular que se designe para la Consejería de Sanidad– sea más sensible a esta propuesta y se avance, realmente, para que “los pacientes de Sacyl cuenten con una atención optométrica de calidad”.
#VivePorTusOjos
La inclusión del óptico-optometrista en la Sanidad de Castilla y León centra la primera acción comunicativa de COOCYL en este 2022, y los mensajes alusivos a ella se distribuirán a lo largo de todo este mes a través de las redes sociales con la etiqueta #VivePorTusOjos, la campaña impulsada por el Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León para incidir en la idea de que la vida con buena visión es mucho mejor y que, para lograr mantenerla, hay que tener en cuenta cuáles son las revisiones, los cuidados y las medidas de prevención fundamentales.
Una tarea en la que el óptico-optometrista, como agente primario de la salud visual, puede convertirse en nuestro mejor aliado en todas las etapas de la vida, también como profesional sanitario en el sistema público de salud.
