La Junta de Castilla y León separará la organización del operativo de lucha contra incendios del sistema de guardias a través de dos decretos diferentes que confía en aprobar en la primera mitad de 2023, antes de que comience una nueva campaña de lucha contra el fuego.
El procedimiento para la aprobación de ambos textos se inició este pasado viernes con la publicación en el portal de Gobierno Abierto de la consulta pública previa, preceptiva en el procedimiento de elaboración de las normas de la Comunidad, que permanecerá abierta hasta las 9.00 horas del 3 de octubre para que todos los colectivos y ciudadanos interesados realicen sus aportaciones en dicho espacio de participación.
No obstante, desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio del Gobierno autonómico dejan claro que ambos procedimientos “no tienen que ver” con la obligación establecida por el Gobierno de España para que las comunidades autónomas realicen, en un plazo máximo de cinco meses, un plan anual de prevención contra incendios que tendrá que ser actualizado con cada nueva anualidad.
Así lo hicieron saber fuentes de la Consejería a Ical, que especificaron que el objetivo de la separación del operativo y su sistema de guardias, en la que ya trabajaban “desde antes de los incendios de este verano y de la aprobación del Real Decreto-Ley” de medidas urgentes en materia de incendios forestales, se debe a la decisión interna de “actualizar el anterior decreto de 2004, ya bastante antiguo, que mezclaba la organización del operativo y del sistema de guardias”, cuando la primera parte se refiere a "una cuestión técnica" y la segunda es relativa a un aspecto "administrativo".
De esta manera, además, se facilita la aprobación del operativo de lucha contra incendios, y sus posibles modificaciones, con cierta celeridad, al tratarse de un documento ya exclusivamente interno, mientras que anteriormente, por la inclusión del sistema de guardias, se debía negociar con los sindicatos, algo que “se seguirá haciendo, pero ya dentro de su propio decreto”.
Tras el sometimiento al trámite de consulta pública, que finaliza el 3 de octubre, se recogerán las aportaciones y se trasladarán aquellas que se consideren relevantes a los borradores de ambos decretos. Posteriormente, se remitirán al resto de consejerías y a los colectivos afectados para que realicen sus sugerencias, se publicarán los textos con ellas y se someterán a las correspondientes alegaciones en un trámite de audiencia que se espera que esté listo a finales del presente año. Después, entre los meses de febrero y abril, en función de cómo se vayan cumpliendo el resto de plazos, se aprobarán ambos decretos.
Marco para los planes anuales
Esa es al menos la idea de la Junta, que en el texto que acompaña a la consulta pública previa del Decreto por el que se regula el sistema de guardias ya plantea que la anterior regulación “procede de hace casi 20 años y debe ser actualizada para adecuar el operativo y su funcionamiento a las nuevas circunstancias”. No obstante, fuentes de la Consejería consultadas por Ical desligan también este decreto de la posibilidad de ampliar los contratos de los miembros del operativo a todo el año, algo que debe regular la Orden de guardias anuales.
Mientras, el Decreto por el que se organiza el operativo de lucha contra incendios especifica la importancia de “formalizar un marco que establezca las bases y los criterios para definir, organizar y coordinar todos los elementos que constituyen los sistemas de prevención y de extinción de incendios en Castilla y León”.
Y es que desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio reconocen a Ical que este último decreto de organización del operativo, aunque no surja por la obligación establecida por el Gobierno, sí servirá de marco para los planes anuales que se vayan aprobando y que sustituirán a los actuales programas preventivos. “Va a marcar las pautas de qué tipo de operativo se va a tener, que es el que figurará en las actualizaciones anuales”, explican.
También afirman desde la Consejería dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones que el Decreto de organización del operativo de lucha contra los incendios, así como el que regula el sistema de guardias, recogerán “muchos de los acuerdos a los que se está llegando” en la Mesa del Diálogo Social en materia de prevención y extinción de incendios, así como “los compromisos a los que el consejero se está sometiendo”.
No obstante, las mismas fuentes matizan que ni el Decreto de organización del operativo ni el que regula el sistema de guardias contemplarán cuestiones como el reconocimiento de la figura del bombero forestal, dado que “eso se tiene que regular a nivel estatal”. “Si en algún momento le tenemos que poner ese título al personal funcionario o laboral de lucha contra incendios, se le pone, pero la regulación que lo va a marcar es la que delimite el Gobierno”, concluyen desde la Consejería.
Y es que los dos decretos que se encuentran en consulta pública previa son “meros decretos de funcionamiento interno”, aunque con el matiz de que el relativo a la organización del operativo de lucha contra incendios “también contempla los convenios con otras comunidades y con el Ministerio para la utilización de medios”.
