El vicepresidente de la FEMP hizo hincapié en el “papel relevante” que la Ley otorga a las diputaciones, “tal y como dijo el propio ministro”, en alusión a las palabras pronunciadas al respecto hace unas semanas por el responsable de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
En cuanto a los aspectos fundamentales que contempla el texto legal, Maíllo destacó que la Ley nacional “reorganice” las competencias para “acabar” con algunos “abusos” que se producían habitualmente, como la firma de convenios con las corporaciones locales que, al poco tiempo de suscribirlos, no se cumplían o no había garantías de pago”.
Martínez Maíllo hizo estas declaraciones ayer, horas después de que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que “acaba con las competencias impropias” de los ayuntamientos, “potencia” el papel las diputaciones para prestar servicios mínimos obligatorios en municipios de menos de 20.000 habitantes, “incentiva” fusiones voluntarias y “aumenta” las trabas para la escisión o creación de nuevos municipios y “evita” los convenios entre administraciones sin financiación, según extrajo Zamora 24 horas del contenido publicado en la web oficial de lo acordado hoy en el Consejo de Ministros.
La reforma prevé un “escenario de ahorro” de más de 8.000 millones de euros entre los años 2013 y 2019. “La reforma siguen siendo exigente en términos económicos con las corporaciones locales pero es verdad que, con el paso de los meses, se ha ido mejorando el texto en relación con el primero que teníamos”, indicó Maíllo. “Se elimina el concepto, que nos tenía tan preocupados, de ‘coste estándar’, que era un coste unitario, y pasa a ser un coste efectivo, con condiciones concretas de dónde se presta el servicio, y se eliminan las consecuencias derivadas del estándar”, agregó.
Martínez Maíllo precisó que las diputaciones tendrán “mucho que decir” en cuanto a la coordinación y gestión de servicios “supramunicipales”, especialmente cuando generen economías de escala y, “por tanto, sean más eficientes y cuesten menos dinero al ciudadano”.
En este contexto, el presidente de la Diputación de Zamora enumeró la recogida y el tratamiento de residuos, la limpieza viaria, el abastecimiento de agua y los caminos rurales y la pavimentación como servicios “que pueden ser generadores” de economías de escala.
El texto de la Ley contempla también que las diputaciones o entidades equivalentes puedan
“asistir” a los municipios en las facultades de gestión de la recaudación tributaria, la gestión financiera, la Administración electrónica y la contratación centralizada.
Igualmente, Maíllo incidió en que la aprobación del proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local permitirá “mayor” transparencia en la gestión. “Los ayuntamientos tendrán que publicar el coste efectivo para que los ciudadanos sepan cuánto cuesta la prestación de ese servicio, si se cubre o no con lo que pagan y si hay déficit o no”, afirmo. “Estamos mucho más conformes con el actual modelo que con el anterior”, concluyó.
