El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Ávila, aprobada por el Ayuntamiento el pasado 31 de mayo de 2024. Aunque el fallo valida la motivación y justificación de la medida, considera que hubo un defecto de procedimiento formal, lo que obliga a reiniciar todo el proceso.
Este nuevo golpe judicial, que se suma a la reciente resolución contra la ZBE de Segovia, vuelve a encender las alarmas en Zamora, donde se planea implantar un proyecto similar. La pregunta es inevitable: ¿está el Ayuntamiento de Zamora cometiendo los mismos errores que otras ciudades de la comunidad?
En el caso de Ávila, el TSJCyL ha dejado claro que la ordenanza reguladora de la ZBE no puede aprobarse antes que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). La normativa exige que primero se apruebe el PMUS, en el que debe integrarse ya la delimitación de la ZBE, y que después se regule su funcionamiento mediante una ordenanza.
Este detalle procedimental, aparentemente menor, ha sido suficiente para anular toda la ordenanza, aunque no se cuestione el fondo de la misma. Desde el Ayuntamiento abulense insisten en que el fallo no entra a valorar la necesidad o idoneidad de la ZBE, sino que se limita a exigir un cumplimiento estricto del proceso legal.
Todo ello lleva a preguntarse si Zamora está siguiendo el camino adecuado en su desarrollo del proyecto. La falta de información concreta sobre el estado del PMUS en la capital zamorana alimenta las sospechas de que el procedimiento podría no estar siendo todo lo riguroso que exige la normativa, especialmente tras estas resoluciones judiciales.
¿Está el Ayuntamiento de Zamora construyendo su ZBE sobre bases sólidas o podría encontrarse con un fallo similar si no corrige el rumbo a tiempo? Las recientes sentencias del TSJCyL han marcado un criterio claro que podría condicionar la viabilidad del proyecto en la ciudad.
