Tras la firma por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del Acuerdo Social alcanzado con patronal y sindicatos en Defensa del Empleo, por el que serán prorrogados los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio de 2020 para aquellas empresas que no puedan reanudar su actividad debido a la crisis causada por la pandemia y el posterior acuerdo del Consejo de Ministros, los parlamentarios nacionales del PSOE por Zamora, el Diputado Antidio Fagúndez y el Senador José Fernández, han valorado “la gran importancia y repercusión social y económicas que tendrán los citados acuerdos para la provincia”.
Tal y como han destacado Antidio Fagúndez y José Fernández “la medida supondrá la posibilidad de ampliar los más de 2.275 ERTE,s solicitados en Zamora que afectan a más de 7.700 trabajadores. A fecha 30 de Abril el SEPE había concedido ya 13.407 prestaciones en la provincia con un importe total de 10,6 millones de euros”.
Los parlamentarios nacionales del PSOE de Zamora ponen en valor que “el histórico acuerdo, que incluye un conjunto de medidas de protección del empleo y de la actividad productiva para que nadie se quede atrás en la crisis, modifica el real decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo de tal manera que garantiza el compromiso del mantenimiento del empleo, por parte de las empresas, en un plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de su actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla”.
Junto a la exoneración parcial de la cuotas a la Seguridad Social para las empresas, en función del número de trabajadores, el mes en curso y su incorporación o no a la actividad, el acuerdo contempla además la creación de una Comisión de Seguimiento tripartita laboral del proceso de desconfinamiento entre los Ministerios de Trabajo y Economía Social, Inclusión y Agentes Sociales (CEOE, CEPYME, UGT y CCOO) para el seguimiento de medidas en la fase de excepcionalidad atenuada. Esta Comisión se reunirá, con carácter ordinario, el segundo miércoles de cada mes, y será consultada para la posible prórroga de ERTE más allá del 30 de junio.
La norma introduce la categoría de ERTE por fuerza mayor parcial para que las empresas puedan reiniciar su actividad combinando trabajadores activos y suspendidos y mantiene las exoneraciones en las cuotas a la Seguridad de Social.
La aprobación por el Consejo de Ministros del Real Decreto-ley de medidas sociales en defensa del empleo que plasma el contenido del acuerdo social suscrito por el Gobierno, los empresarios y los sindicatos aúna los intereses del Ejecutivo y de los agentes sociales porque sienta las bases para defender la viabilidad de los negocios y facilitar la recuperación de la actividad.
La norma prorroga hasta el 30 de junio las condiciones de los ERTE por fuerza mayor para aquellas empresas que todavía no puedan reanudar su actividad. Esto significa, como ha explicado el Gobierno, que estas compañías y autónomos seguirán disfrutando de una exoneración de las cuotas a la Seguridad Social. En el caso de que la empresa tenga 50 o más trabajadores, la exoneración se mantiene, como hasta, ahora en el 75%.
Antidio Fagúndez y José Fernández también han avanzado que “con el fin de adecuar la normativa a la fase de desescalada, el Real Decreto-ley contempla una nueva categoría de ERTE, denominada de fuerza mayor parcial, cuya vigencia también se extenderá hasta el 30 de junio. Esta figura permitirá a las empresas reincorporar a parte de su plantilla y mantener otra parte con su contrato suspendido. Tanto para el trabajador que regrese como para el que se siga en el ERTE se mantendrán las exoneraciones en las cotizaciones sociales”.
Las empresas de menos de 50 empleados tendrán derecho a una exención del 85% en el mes mayo y del 70% en junio para los trabajadores que se reincorporen a la actividad productiva. Para los que continúen suspendidos, el porcentaje será menor.
En el caso de empresas con 50 o más empleados, la bonificación alcanzará el 60% en mayo y el 45% en junio para los trabajadores reincorporados y será del 45% y del 30% para los que permanezcan suspendidos.
Los trabajadores afectados por un ERTE percibirán prestaciones por desempleo incluso en el caso de que no hayan cotizado el tiempo suficiente para poder percibirlas. La norma incluye cláusulas que determinan que ninguna empresa que tenga su domicilio fiscal en un paraíso fiscal podrá acogerse a la prórroga de los ERTE por fuerza mayor. Además, veta la posibilidad de que las compañías que han disfrutado de las exoneraciones sociales puedan repartir dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación de los ERTE, salvo que devuelvan la parte correspondiente a la bonificación recibida.
