La consejera de Hacienda ha iniciado su intervención con un reconocimiento expreso a los empleados públicos de la Junta por su colaboración en el complejo proceso de despliegue de la Plataforma de Contratación Electrónica Duero, que desde el pasado 1 de julio se encuentra plenamente operativa y a disposición de todos los órganos y unidades de la Administración de la Comunidad. La implantación de esta herramienta conlleva la obligación de utilizarla para tramitar todos los contratos públicos, incluidos los menores, puesto que tiene importantes beneficios para la gestión pública. Entre ellos destacan la mayor facilidad de control, la reducción de las cargas administrativas, la homogeneización de los procedimientos, el ahorro en comunicaciones y papel y, sobre todo, un notable aumento de la transparencia de las cuentas y la actividad contractual del Gobierno autonómico.
Junto a esto, Pilar del Olmo ha informado a los delegados territoriales sobre el Plan de Enajenación del Patrimonio Inmobiliario de Castilla y León 2015-2018, que se encuentra en fase de elaboración y comenzará a ejecutarse el próximo 1 de enero. Según ha indicado la consejera, será un documento abierto y dinámico, en permanente actualización, que recogerá determinados edificios, viviendas, parcelas, locales y garajes propiedad de la Junta que se encuentran en desuso. El objetivo es ponerlos en el mercado con el fin de incrementar los ingresos públicos por dos vías: directamente, como consecuencia de su venta o alquiler, y de manera indirecta, puesto que se eliminarán gastos inherentes a ellos como el coste de mantenimiento o el pago de los impuestos municipales.
La responsable de las cuentas de la Comunidad ha recordado también que desde la última reforma del Estatuto de Autonomía la Junta ejerce la competencia de tutela financiera de las entidades locales, tarea en la que cooperan las delegaciones territoriales mediante la recepción de la documentación de algunas locales. Al hilo de esto, la consejera de Hacienda ha insistido en la importancia de fomentar la incorporación de los municipios al sistema ORVE, de modo que ciudadanos y empresas puedan usar cualquier registro público para enviar documentación al instante a la Administración que deseen.
