El Grupo Parlamentario Popular ha propuesto al Gobierno, a través de una Proposición no de Ley en el Congreso, que elabore un protocolo único de actuación para residencias de mayores y centros sociosanitarios en el desconfinamiento.
Concretamente, el Grupo Popular pide al Ejecutivo la elaboración de “un protocolo único de actuación para todas las residencias de mayores y centros sociosanitarios que permita su desescalada atendiendo a la situación de cada centro, y ofreciendo todas las garantías de seguridad higiénico sanitarias”.
Asimismo, reclama al Gobierno que destine un fondo extraordinario para garantizar a los centros la adquisición de los equipos de protección necesarios, de test PCR, así como material sanitario y equipamiento para la desinfección y prevención para las residencias de mayores, centros de carácter social y centros de día y recursos similares.
También pide que se garantice “a todos los residentes y a todos los profesionales la realización de las pruebas diagnósticas PCR y la realización de estudios de seroprevalencia con el fin de llevar a cabo el desconfinamiento de las personas mayores con las mayores garantías posibles, sectorizando, habilitando espacios comunes y las zonas privadas de los centros para el uso de los residentes”.
Otra de las medidas que propone el Grupo Popular es la de establecer mecanismos para que los centros que no hayan tenido casos COVID-19, ni en residentes ni en profesionales, puedan tomar medidas de desconfinamiento como puede ser el uso de zonas comunes, jardines, zonas privadas del centro y comedores.
También se plantea planificar y reforzar acciones de formación dirigida a los profesionales de los Servicios Sociales para prepararse ante nuevos rebrotes, así como definir las recomendaciones para garantizar que los familiares y amigos de los residentes puedan realizar visitas estableciendo criterios como puede ser el número de visitas o el tiempo de duración, cumpliendo las medidas higiénico sanitarias que dicten las autoridades sanitarias.
De igual modo, se propone “establecer el procedimiento que permita autorizar las situaciones de nuevos ingresos y el retorno de bajas en los centros, para posibilitar la conciliación de familiares que se incorporan a sus puestos de trabajo; diseñar un protocolo que garantice la sanidad pública a todas las personas mayores, vivan donde vivan, garantizando la derivación sanitaria de residentes a los recursos sanitarios; y posibilitar los medios oportunos para que se pueda realizar el duelo, compartido con los familiares, autorizando el acompañamiento de algún familiar o amigo en el momento de la despedida”.
En la exposición de motivos de dicha iniciativa -suscrita por la portavoz Cayetana Álvarez de Toledo, la vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, los portavoces adjuntos José Ignacio Echániz y Sandra Moneo, la portavoz de Sanidad del GPP, Elvira Velasco, y las diputadas Alicia García y Teresa Angulo-, el Grupo Popular señala que “las residencias para personas mayores están siendo foco principal del coronavirus en España”, y que el Plan de transición hacia la nueva normalidad no define cómo deben retomar la actividad los centros.
A falta de test generalizados, “ha sido imposible saber hasta ahora el número de víctimas que el coronavirus ha dejado en las aproximadamente 5.500 residencias en España, y aunque el Gobierno sigue sin facilitar los datos, las personas mayores que han fallecido con COVID-19 o síntomas similares se situarían en más de 16.000 personas”, según los datos proporcionados por las comunidades.
Batería de preguntas
Asimismo, el GPP ha presentado también una batería de preguntas al Gobierno en la que exige que diga, entre otras cosas, si va a atender las demandas de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología para la creación de estructuras de atención al paciente más transversales, dinamizando la atención y reduciendo la concentración de la actividad en el hospital, así como poner en marcha equipos móviles que interactúen con otros ámbitos de la atención, como las residencias.
También quiere saber si el Gobierno tiene previsto hacer efectivas demandas de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica en relación a mejorar la coordinación de la residencias con el sistema sanitario, “para reforzar y facilitar el acceso de las personas mayores a una atención médica de calidad que incluya acceso a una atención especializada”, y en relación también a “actualizar y aplicar la regulación sobre los servicios prestados en las residencias, monitorizando de manera efectiva la atención mediante parámetros de atención centrados en calidad de vida, y no meramente en parámetros de gestión”.
