Desde CCOO animan a todas las personas que se acerquen a las sedes del sindicato repartidas por toda la geografía castellanoleonesa para conseguir el objetivo que se ha propuesto la Asociación Española para la Calidad en la Edificación (ASECE): diseñar un marco legal para auditar el sector eléctrico.
La recogida de firmas se va a desarrollar hasta el próximo día 15 de diciembre. Dicha Asociación ha escogido esta fórmula por ser la expresión más clara del derecho de la participación directa de la ciudadanía en el proceso de producción de normativa.
Que es el déficit de tarifa eléctrico
Se llama déficit de tarifa a la diferencia existente entre el importe que dicen que cuesta el suministro eléctrico, según las compañías eléctricas, y el precio real que pagan las personas o entidades usuarias por dicho suministro de electricidad. Se cuestiona cada vez más que actualmente el Estado español deba más de 28.000 millones de euros a las cinco grandes empresas eléctricas de este país (Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa-Gas Natural, EDP-Gas Natural e Hidroeléctrica del Cantábrico) por este concepto, cuando estas empresas han ganado más de 40.000 millones de euros de beneficios en los últimos diez años.
La Iniciativa Legislativa propone la realización de la “auditoría del déficit del sector eléctrico” lo que permitiría la revisión y verificación de todos los componentes económicos, sea cual sea su naturaleza, que gestionan todos los agentes del Sistema Eléctrico de España.
El precio de la electricidad tiene la componente regulada, esto es, los costes necesarios para el correcto funcionamiento del sistema y de la propia generación de electricidad. Y también la componente de mercado, que lo forman los precios acordados por los productores y distribuidores de electricidad hacia el consumidor final. En el caso de la componente regulada, la auditoría del déficit de tarifa se centra en la comprobación de que los costes declarados formalmente por parte de los agentes intervinientes en el proceso corresponden o no con las previsiones del Gobierno en relación a cada uno de estos conceptos. En el caso de la componente de mercado del precio de la electricidad, son objeto de la auditoría de tarifa eléctrica los procedimientos por los que se diseñan los precios para abastecer a los consumidores.
La Ley también incluye la auditoría de la Subasta CESUR (Contratos de Energía para el Suministro de Último Recurso), la financiación del déficit soportado por los agentes intervinientes en el proceso y el procedimiento del mecanismo que regula los derechos de emisiones de CO2.
