El pasado mes de diciembre de 2018 el juzgado comunicó al Ayuntamiento el fallo que declaraba vigentes y ajustados totalmente al derecho los decretos de 8 de noviembre de 2017, 15 de diciembre de 2017, 8 de enero de 2018, 11 de enero de 2018 y 21 de enero de 2018. Todos ellos relativos a la reestructuración del Área de Intervención que inicialmente propuso el propio Interventor.
Como se recordará el Interventor Municipal propuso al Alcalde delegar las funciones de “fiscalización” en la viceinterventora y crear un área en la Intervención de “estudios y programas” que podría ocupar él mismo. El Alcalde accedió a ello y el 8 de noviembre de 2017 firmó el Decreto correspondiente que contenía en su integridad la propuesta del Interventor.
Ha sido el pasado lunes cuando el Tribunal Superior de Justicia ha revocado citada sentencia de 2018 lo que supone anular los decretos aprobados para el desdoblamiento de actividad entre el interventor y la viceinterventora. Pero, esta sentencia, llega tarde, o así al menos lo ha expuesto Guarido este martes puesto que "en julio de 2019 se llegó a un nuevo acuerdo con el interventor en el que el interventor se encargaría de estudios, programas y control financiero, y la viceinterventora asumiría todas las funciones de la fiscalización.
Este acuerdo "pacífico", ha sido trasladado ya al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zamora, dejando así patente la admisión de la sentencia del TSJ por parte del Ayuntamiento. Para Francisco Guarido, esta sentencia "viene a aclarar el reparto de funciones puesto que unos decretos se han anulado y otros no, y viene a clarificar las competencias que tendrá cada uno de los funcionarios".
