Isabel Araque Lucena, Secretaria Federal de Acción Sindical de UGT-Servicios Públicos, Faustino Temprano, Secretario General Autonómico de UGT Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, Secretario General de UGT Servicios Públicos en Castilla y León, Raúl Santa Eufemia Rodríguez, Secretario de Acción Sindical UGT UCA-CyL, Carlos Arenas Vázquez, Secretario de Acción Sindical, UGT-SP de CyL y Fernando López Sánchez, Secretario General UGT SP Salamanca han participado este martes en una jornada matinal para abordar la Negociación colectiva en el Sector Público.
Ha sido la secretaria Federal de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos la encargada de abrir la jornada organizada en Salamanca asegurando que, “cuando hablamos de la negociación colectiva, es fundamental impulsar las negociaciones de los convenios sectoriales estatales, puesto que es el máximo paraguas que tienen los trabajadores y cubre la universalidad de los derechos que poseen dichos empleados”. Según la secretaria federal, dentro del ámbito de las administraciones públicas también debe garantizarse ese derecho, y más aún en una comunidad como Castilla y León, “donde se habla tanto de la España vaciada, es fundamental que los municipios más pequeños garanticen los puestos del personal contratado”.
No obstante, Araque Lucena ha afirmado que hacía mucho tiempo, “desde la época de la recesión más dura y como consecuencia de las restricciones adoptadas por el gobierno del Partido Popular”, que la negociación colectiva no tenía una apertura de mesas y unafacilidad para abordar diferentes cuestiones de acción social.
Sin embargo, para UGT, aún queda mucho por hacer. Entre otras cosas, desde el sindicato le han trasladado al Ministerio de Función Pública el desacuerdo con la subida salarial recogido en los PGE de apenas el 2% “porque supone una pérdida de poder adquisitivo notable para el personal de la Administración Pública”. También han retomado la negociación del convenio de la dependencia que afecta a más de 6000 trabajadoras en el país (el 90% son mujeres). Asimismo, se está trabajando en el convenio de Acción e intervención social que afecta a más de 70.000 trabajadores en España. De hecho, desde la organización sindical han trasladado a Ione Belarra, Ministra de servicios sociales, su reivindicación de que el presupuesto que se va a destinar al sector “debe repercutir en los trabajadores, porque han sido esenciales durante la pandemia”.
Por otra parte, Isabel Araque Lucena ha criticado tener que lidiar cada año “con la espada de Damocles que supone negociar cada año de acuerdo a los PGE” y asegura que el sindicato apuesta por los acuerdos plurianuales, porque “son la única manera de garantizar estabilidad de los logros conseguidos y la continuidad de los derechos adquiridos”.
Para finalizar, UGT ha exigido la derogación de las disposiciones adicionales 16 y 17 del Estatuto de los Trabajadores que establece que se puedan hacer despidos colectivos al personal laboral. Cabe recordar que estos trabajadores optan a sus plazas con los mismos requisitos de mérito, capacidad y publicidad que los funcionarios.
