La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado que la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que entró en vigor el pasado mes de diciembre, no ha conseguido por el momento reducir el ‘spam’ telefónico, según ha informado en un comunicado.
Una encuesta de la OCU revela que el 98% de los consumidores siguen recibiendo llamadas comerciales no solicitadas, y que la situación ha empeorado, ya que quienes reciben más de 10 llamadas al mes han pasado del 37% al 58% en solo un año.
La OCU ha advertido de que habrá que esperar a que transcurra el plazo de adaptación de 12 meses de la norma para confirmar su alcance “real”.
Mientras tanto, ha instado a las empresas que comercializan servicios básicos —gas y luz, pero también telecomunicaciones, transporte, agua o finanzas— a que empiecen a utilizar los prefijos ‘400’ en sus llamadas comerciales.
No obstante, también ha pedido a la Administración Pública un registro público que “identifique su procedencia, de modo que el usuario pueda saber quién le llama y denunciar posibles abusos”.
Por otro lado, la OCU ha recordado a los usuarios que un nuevo contrato originado mediante una llamada comercial no consentida se considera no válido.
Es más, desde el próximo 12 de junio se ha prohibido la contratación telefónica del suministro de electricidad, salvo petición previa del usuario o que la llamada haya sido iniciada por él; una condición que la organización espera que se extienda también al suministro de gas.
Por último, la OCU ha destacado las molestias que estas “malas” prácticas causan a los usuarios, que se ven obligados a desarrollar distintas estrategias.
Entre las soluciones empleadas, destaca que el 45% de los encuestados usa la detección automática de ‘spam’ en el móvil y el 18% está inscrito en la lista Robinson, mientras que bloquear números (70%) resulta poco útil ante los cientos de líneas distintas que usan las empresas, y no contestar llamadas desconocidas (43%) puede filtrar contactos legítimos.
En definitiva, la OCU ha exigido que se garantice cuanto antes el derecho del consumidor para identificar de forma “sencilla” a la empresa que realiza la llamada, de manera que pueda ejercer fácilmente sus derechos de protección de datos.
