La temporalidad en el sector público se mantiene estancada en torno al 30%, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre del año, analizados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). En concreto, las administraciones públicas cuentan con 954.600 personas en situación temporal, lo que equivale al 27,8% del total del empleo público, más del doble que la tasa registrada en el sector privado.
La precariedad afecta especialmente a las mujeres, que representan el 58% de los contratos temporales en las administraciones públicas. Esta situación ha motivado incluso un recorte de fondos por parte de la Comisión Europea, que ha penalizado a España por incumplir el mandato de reducir la temporalidad al 8%, tal como establece la Ley.
Desde CSIF denuncian la “pasividad del Gobierno” y el “abuso sistemático” de todas las administraciones. El sindicato exige eliminar la tasa de reposición, mantenida en la nueva oferta de empleo público, al considerar que “impide cubrir las necesidades reales de los servicios públicos y obliga a recurrir a contratos temporales”, especialmente en sectores esenciales como sanidad y educación.
Asimismo, la organización reclama que los responsables que incumplan el límite legal de temporalidad sean sancionados y rindan cuentas ante los tribunales, como única vía para acabar con una situación que califican de “abuso estructural” y de “precariedad laboral crónica”.
Ante este escenario, CSIF iniciará la próxima semana un calendario de movilizaciones en toda España, junto a UGT y CCOO, para reclamar que el Ministerio de Función Pública desbloquee la negociación colectiva. Los sindicatos denuncian que el departamento que dirige Óscar López mantiene congeladas las nóminas y bloqueado un nuevo acuerdo salarial, además de no abordar la reducción de la temporalidad ni otras mejoras en las condiciones laborales.
Las movilizaciones arrancarán el 30 de octubre, con concentraciones frente a las subdelegaciones del Gobierno y ante el Ministerio de Función Pública en Madrid, bajo el lema “Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos”. Si el Ejecutivo no ofrece una respuesta, los sindicatos prevén una gran concentración en noviembre en Madrid y una jornada de huelga nacional en diciembre.
Las tres organizaciones, que representan más del 80% del personal público, ya habían advertido en septiembre que, de no retomarse la negociación de manera inmediata, se adoptarían todas las medidas necesarias para forzar al Gobierno a cumplir sus compromisos con los empleados públicos.
