El Grupo de diputados del equipo de gobierno en la Diputación de Zamora presentará una moción al Pleno que se celebrará mañana, viernes 22 de mayo, por la que insta al gobierno de España para que no utilice los poderes excepcionales que le confiere el Estado de Alarma, ni otros subterfugios legales, para apropiarse de los ahorros de las Entidades Locales vulnerando preceptos constitucionales y leyes en vigor puesto que, como indica el artículo 29 de la Ley del Gobierno, está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en toda su actuación.
Asimismo, solicita al Gobierno Socialista que respete y garantice la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las Entidades Locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto.
Del mismo modo, el equipo de gobierno provincial pide que se flexibilicen las reglas para que las entidades locales pueda utilizar sus superávits para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar contra la pandemia del COVID-19, siempre en coordinación con las Comunidades Autónomas y el Estado, y que si se plantea modificar alguna de las leyes que afectan a la autonomía, hacienda o estabilidad financiera de las entidades locales, valide dichas modificaciones en el Congreso de los Diputados, ante los legítimos representantes de todos los españoles, dado que la declaración del Estado de Alarma no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes del Estado.
Finalmente, la moción insiste en que se respete lo acordado por la FEMP y el Gobierno de España en la reunión de 20 de abril de 2020 en la que estuvo presente el Presidente del Gobierno y en la que se acordó que no se planteasen cambios en el Congreso sin estar previamente consensuados con las Entidades Locales.
El equipo de Gobierno de la Diputación denuncia que el Gobierno de España con un absoluto desprecio hacía la Constitución y las leyes que regulan la organización, competencias y la Hacienda de las entidades locales ha negado injustificadamente el pago a las Entidades Locales del IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017.
El gobierno de España está estudiando “confiscar” el superávit generado en 2019 por las Entidades Locales, así como los recursos que las mismas tienen en entidades bancarias según se desprende de varias informaciones publicadas por medios de comunicación. Eso supone, según los datos del Ministerio de Hacienda a 31 de marzo 2020, 3.839 millones de euros del superávit de 2019 y 28.000 millones de euros de los superávits acumulados en los últimos 8 años por las EE.LL.
Desde hace varios años, las entidades locales han venido reclamando al gobierno central una mayor flexibilidad para poder aplicar los superávits generados, pero siempre respetando la autonomía local consagrada en nuestra Carta Magna y en las leyes.
Las entidades locales constituyen la administración más cercana al ciudadano y han mostrado siempre su solidaridad con el resto de las administraciones españolas al asumir competencias impropias sin recibir, en muchos casos, la financiación adecuada de Comunidades Autónomas y del Estado para ejercerlas lo que ha provocado que hayan tenido que destinar recursos propios, recursos de todos sus vecinos, a mantener las mismas.
Además, en esta crisis sanitaria, social y económica, derivada de la pandemia provocada por al COVID-19 han sido los primeros en implementar medidas para contener la expansión del virus y de apoyo a la población más vulnerable (mayores, enfermos, etc.) por ejemplo, ampliando los servicios de ayuda a domicilio. También han ido por delante en la conversión de muchos servicios públicos de modalidad presencial a telemática para que sus vecinos pudieran seguir disfrutando de espectáculos culturales, cursos de formación, etc.
Pero las entidades locales no pueden ser la tabla de salvación para un gobierno que, desde junio de 2018, ha sido incapaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, ha estado más pendiente de la propaganda que de la gestión seria y rigurosa de los recursos de todos los españoles, que ha negado a Corporaciones Locales y las Comunidades Autónomas los ingresos que les corresponden por ley (IVA de diciembre de 2017 impagado) y que ha conseguido el gran "logro" de incrementar el déficit público español por primera vez desde 2012.
