Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy una proposición no de ley, presentada por UPL, en la que se exige al Gobierno central un mayor impulso, financiación y celeridad en la construcción de la autovía A-11 entre Zamora y Portuga, así como a dotar a esta vía de las cuantías presupuestarias suficientes para revertir su retraso de más de veinte años.
La iniciativa se debatió y votó en la Comisión de Movilidad y Transformación Digital de las Cortes y recibió los votos a favor de UPL, Grupo Mixto, PP y Vox y la abstención del Grupo Socialista, quien, a través del procurador José Ignacio Martín Benito, defendió la implicación del Gobierno con esta carretera tras la aprobación del proyecto de enlace entre San Martín del Pedroso-frontera portuguesa.
Fue la procuradora de UPL, Alicia Gallego, la encargada de presentar la PNL con la que afeó que el presupuesto estatal, pese al “retraso más que considerable” de dos décadas que acumula esta infraestructura en su construcción, el Gobierno solamente ha recogido partidas presupuestarias por valor de cinco millones de euros para los 72 kilómetros entre Zamora y la frontera con Portugal, por lo que consideró que “hace dudar de la voluntad” del Gobierno en la ejecución de esta vía.
Todos los intervinientes por parte de los grupos coincidieron en que su desdoblamiento es necesario como eje central de comunicación de la Comunidad, por seguridad ante el elevado número de siniestros registrados en su transito, para fijar población y para el desarrollo económico y social de la zona.
El socialista José Ignacio Martín Benito manifestó que es una autovía “totalmente necesaria” por motivos de seguridad, de flujo del transporte comercial y por la cooperación transfronteriza, ironizó con la administración a la que “se insta” cuando la Junta solo ejecutó un 20 por ciento de su plan de carreteras y carece de uno nuevo y rechazó la aseveración de que el Gobierno no considere una prioridad esta vía.
“Se manifiesta claramente la intención del Gobierno de priorizar esta carretera en autovía”, argumentó para referirse a la aprobación del proyecto el pasado 16 de marzo entre San Martín del Pedroso- frontera portuguesa y señaló que el Ejecutivo actual tuvo que “partir de cero” porque el anterior “se dejó caducar” la declaración de impacto ambiental.
Martín Benito planteó una enmienda para “continuar impulsando” los tramos con las partidas adecuadas conforme a su situación administrativa, que no aceptó Alicia Gallego que consideró que su PNL “busca celeridad” y que se amplíe el presupuesto para esta autovía.
Por el Grupo Popular, Inmaculada Ranedo afirmó que es una carretera de “gran relevancia” para la Comunidad que revitalizará la seguridad para las personas que transitan por ella, señaló que el retraso de 20 años implican a todos los gobiernos y concluyó que las obras anunciadas no son “para presumir” si se cumplen todos los plazos. “Hay que seguir dando un impulso”, apostilló.
María Luisa Calvo (Vox) recordó que es una carretera de “las más peligrosas de España” y hace más de 20 años la Junta de Castilla y León reivindicó su desdoblamiento pero culpó al Gobierno central de escasa “implicación”. “Se está terminando con la paciencia de los municipios afectados”, aseveró.
También, apoyó la propuesta de Vox el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, que afirmó que la Junta tiene que implicarse más allá de “instar” al Gobierno y lamentó el retraso que sufren obras viarias en su provincia. El parlamentario aprovechó su turno para denunciar la falta de conexión de la capital con la autovía A-6, los elevados peajes que tienen que costearse los abulenses para desplazarse a Madrid para estudiar o trabajar o “la pésima situación” del transporte ferroviario.
