El consejero de Industria, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido este lunes en Zamora la posición de la Junta de Castilla y León ante el proyecto del centro de datos de Monfarracinos y otras grandes iniciativas empresariales de este tipo, en un contexto de crecientes protestas vecinales contra este tipo de instalaciones a nivel europeo. Suárez-Quiñones ha insistido en que la Administración autonómica debe actuar conforme al principio de legalidad y confiar en los informes técnicos y jurídicos que avalan cada proyecto, como así ocurre en el caso de Monfarracinos.
Además, el consejero ha asegurado que las decisiones no corresponden a los responsables políticos, sino a funcionarios con alta cualificación técnica y jurídica, los encargados de comprobar que las iniciativas cumplen la normativa. Unas normas que, ha señalado, existen para "proteger los bienes jurídicos de la comunidad" y que, por tanto, hacen que los proyectos sean beneficiosos y no perjudiciales para la sociedad.
Sobre las peticiones de mayor transparencia planteadas por las plataformas vecinales y por el Ayuntamiento de Zamora, que ha reclamado más información mediante una moción que ha salido adelante en el pleno, Suárez-Quiñones ha defendido que los procedimientos ya contemplan periodos de información pública en los que se pueden consultar libremente todos los informes y presentar alegaciones. No obstante, sí ha reconocido que hay margen de mejora y ha instado a las empresas promotoras de estos grandes proyectos a acercarse a los vecinos y explicar los proyectos antes de implantarlos.
En cuanto a la preocupación social ante el alto consumo de agua y electricidad de estos proyectos en un mismo territorio, el consejero ha asegurado que la Administración sí podrá evaluar conjuntamente sus efectos. Ha puesto como ejemplo los informes de las confederaciones hidrográficas sobre la disponibilidad de recursos.
Por otro lado, ha restado credibilidad a las estimaciones que apuntan a una pérdida de más de 200 millones de euros para los ayuntamientos por las posibles bonificaciones fiscales asociadas a las declaraciones de proyecto regional. Bajo su punto de vista, estas iniciativas generan beneficios para el territorio tanto por el empleo como por los ingresos que producen para las administraciones con su actividad. Ha defendido además que la declaración de proyecto de interés regional responde a iniciativas con beneficios importantes para Castilla y León.
