La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León reducirá o simplificará el componente ambiental de la nueva Política Agraria Común para el periodo 2023-2027, dado que el enfoque “excesivamente ambientalista” de la misma “está poniendo en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria, así como la propia rentabilidad de las explotaciones”.
Así lo aseguró, durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda para presentar las cuentas de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para 2023, el titular de la misma, Gerardo Dueñas, que apuntó que “la inclusión de los eco regímenes” en la nueva PAC como “prácticas que pretenden ser más beneficiosas para el clima y el medio ambiente”, en realidad y bajo su opinión, “entorpecen el enfoque productivo que se persigue con la producción agraria”.
Por ello, y en un presupuesto que contempla 924,4 millones de importe de ayudas procedentes de la PAC, “el mismo importe que en el ejercicio 2021”, Dueñas apuntó su “empeño en modificar” su aplicación “dentro de los espacios previstos” para “mejorar su aplicación en aquellos aspectos que consideremos más identificados con nuestra manera de entender la agricultura”, en especial “aquellas condiciones de los eco regímenes más discordantes con las prácticas tradicionales”.
No obstante, reconoció que muchas, por su obligada aplicación, implican que la Consejería trabaje “de forma didáctica para que los agricultores y ganaderos comprendan y adapten sus sistemas productivos a las exigencias de los eco regímenes”, bajo la premisa de que “todos sin excepción puedan acogerse al menos a uno de ellos”. “Todo agricultor al menos un eco regimen en 2023 es nuestro objetivo”, concluyó.
Simplificación en la gestión
Tras ello, pasó Dueñas a desgranar las cuantías de la PAC, cuya mayor parte, 786,4 millones de euros, irá destinada al pago de la ayuda básica a la renta, el pago redistributivo y el complementario a jóvenes agricultores, que beneficiará a 65.000 agricultores y ganaderos de la Comunidad, mientras que las ayudas asociadas, que ascienden a 132 millones, se dirigirán a 40.000 personas del sector primario de Castilla y León.
En cuanto al plan proteico, que incluye a cultivos de leguminosas y oleaginosas, y tras su limitada extensión, Castilla y León defenderá la exigencia de su restablecimiento para 2024 y pedirá al Ministerio el cumplimiento del compromiso adquirido con el programa sectorial de apoyo al ovino y su puesta en marcha en ese mismo año.
Para facilitar el acceso de los agricultores y ganaderos a estas ayudas, desde la Consejería continuarán trabajando en “la simplificación de la gestión” a través de la implantación de herramientas digitales que hagan “más fácil” la tramitación de estas ayudas.
Además, la Junta mantiene su compromiso de pago del anticipo de las ayudas para 2023 gracias a “una gestión moderna, eficaz y cercana de la nueva PAC, reduciendo o simplificando el componente ambiental y facilitando el cobro de las ayudas en los plazos más cortos posibles”. En ese sentido, Dueñas anunció la realización en diciembre de los pagos correspondientes al saldo de las ayudas de la PAC de 2022 hasta alcanzar una cifra cercana al 95 por ciento de los 924 millones previstos.
Por último, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural apuntó que, actualmente, el gasto FEADER ejecutado asciende a 900,8 millones de euros, lo que supone un 67,6 por ciento del total, situando a Castilla y León como “la primera comunidad en ejecución del FEADER”.
