Al margen de los vaivenes generados por la reforma de la Política Agraria Común, del aumento del precio de los fertilizantes y de las sucesivas subidas del precio de los carburantes durante los últimos años, los agricultores y ganaderos de Castilla y León protestan airadamente por el anuncio de que la electricidad subirá también de forma “considerable” en enero de 2014.
Hay que recordar que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) invalidó la subasta energética del pasado jueves por la "concurrencia de circunstancias atípicas en su desarrollo, en un contexto de precios elevados en el mercado diario durante las semanas previas", según apuntó el Ministerio de Industria en un comunicado, después de que la subasta energética cerrada con un alza superior al 26%.
La Alianza UPA-COAG denuncia el “nuevo abuso” que “tienen previsto cometer las empresas eléctricas contra los usuarios” y tilda de “atraco a mano armada” la vuelta de tuerca anunciada para la factura de la luz. “Puede ser un nuevo varapalo económico para los profesionales del sector, que somos grandes consumidores de electricidad”, recalcan. “La pretendida subida es un atentado al sentido común, teniendo en cuenta la situación límite en la que se encuentran muchas explotaciones agrícolas y ganaderas”, añaden.
En este contexto, UPA y COAG califican de “nefasta” y “sencillamente, calamitosa” la gestión del Gobierno de España en asuntos relacionados con la energía eléctrica y recuerdan que Castilla y León está entre las comunidades autónomas con mayor superficie de regadío y que, al mismo tiempo, es una de las que más energía producen. “Hay que tener en cuenta que en Castilla y León hay más de 400.000 hectáreas de riego y que uno de los mayores acuíferos del país, el de Los Arenales, está en nuestra comunidad autónoma, donde la extracción de agua mayoritariamente se hace a través de sondeos”, indican. “También el incremento de este coste afecta a las estaciones de bombeo de riego por superficie en los regadíos modernizados a demanda”, anotan.
Por otra parte, la Alianza incide en el “sacrificio económico” que hacen los regantes de la región en aras de un uso “racional y eficiente” del agua, al realizar inversiones importantes para implantar nuevas tecnologías en modernizar los regadíos “para hacer competitivas las explotaciones” y apostilla: “El Gobierno central está castigando y asfixiando a los profesionales del sector con tarifas escandalosas, impidiéndoles la amortización de los altísimos costes asumidos durante estos años”.
Por último, los responsables de UPA y COAG consideran al Gobierno de España “único responsable de este robo continuado que sufren los consumidores” y rechazan ser quienes paguen las “prebendas a exministros sentados en los consejos de administración de las grandes eléctricas”.
