Las quemas de linderos y cunetas que se llevan a cabo en algunas zonas de Castilla y León, promovidas y autorizadas por la administración, los ecologistas y cazadores las definen como “completamente ineficaces” para combatir la proliferación de topillos. Añadieron que tienen efectos adversos para la biodiversidad, “al destruir el hábitat de reproducción, alimento y refugio de especies silvestres que pueden contribuir al control natural de plagas”. Asimismo, aumentan el riesgo de erosión y de incendio y fomentan la eliminación de microorganismos beneficiosos para el suelo.
Recuerdan que la “destrucción o deterioro” de las áreas de reproducción está prohibido por la Directiva de Aves, el Convenio de Berna y la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y sólo puede llevarse a cabo bajo un régimen de excepciones que no se está cumpliendo en estos casos. Por ello, las quemas autorizadas podrían acarrear graves sanciones. La situación que se plantea para la conservación del medio natural en Castilla y León se expuso por las organizaciones conservacionistas al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en el Consejo Asesor de Medio Ambiente que se reunió en el día de ayer.
Agricultura señala que no ha autorizado el uso de rodenticidas
La Consejería de Agricultura y Ganadería señalo hoy que no ha autorizado el uso de rodenticidas, tal y como afirmaron algunas organizaciones conservacionistas y la Real Federación Española de Caza. A juicio de la Junta, se han adquirido únicamente dos kilos de provisiones de este tipo de veneno para luchar contra el topillo campesino en caso de que fuera necesario, que se mezclarían con otras 48 toneladas de cereal para esparcir, pero no se trata de todo ese volumen de veneno, como aseguran los ecologistas, tal y como reiteraron desde el departamento de Silvia Clemente.
Fuentes de la Consejería explicaron que si llegase a utilizarse este rodenticida se desarrollaría bajo las normas de respeto medioambiental establecidas en protocolo de uso. La Junta salió así al paso de la alerta de conservacionistas y cazadores, que advirtieron hoy de la “catástrofe ambiental” que supondría esparcir 86 toneladas de cereal envenenado con rodenticidas en Castilla y León, después de que la Consejería haya publicado un anuncio por el que se convoca una licitación pública de un contrato para el suministro de este tipo de productos, más otra importante cantidad que habrían comprado anteriormente y que aún no han utilizado.
