El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha autorizado a la Consejería de Economía y Hacienda a formalizar un requerimiento previo ante el Gobierno de España, a través del Ministerio de Hacienda, para reclamar una compensación de 225,4 millones de euros, más los intereses legales correspondientes, por la cuantificación de la liquidación del sistema de financiación autonómica correspondiente al año 2024.
Así lo ha anunciado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Esta iniciativa, previa a la vía judicial, busca anular la liquidación definitiva del ejercicio 2024 para practicar una sustitutiva en cumplimiento del principio de «lealtad institucional». Esta reclamación ya se ha planteado en años anteriores: en 2025 se envió un requerimiento para exigir 315 millones de euros.
El portavoz autonómico ha explicado que el cálculo de este modelo se efectúa con dos años de retraso, por lo que la liquidación del año 2024 se realiza en este ejercicio de 2026. En este contexto, ha precisado que el principio de «lealtad institucional» obliga a la Administración que promueve medidas legislativas a asumir el coste o la pérdida de ingresos que estas generen en otras instituciones públicas, para garantizar la adecuada prestación de los servicios esenciales.
Carriedo ha detallado que el requerimiento se formalizará en «unos días», tras el consentimiento del Consejo de Gobierno.
De este modo, ha recalcado que el coste económico derivado para las cuentas autonómicas exige una compensación para impedir que prescriba el derecho de la Comunidad a defender sus intereses en los tribunales. Esta iniciativa discurre en paralelo a la vía judicial ya admitida a trámite por el Tribunal Supremo en otros ejercicios.
El desglose de los 225,4 millones de euros solicitados atribuye 162,4 millones a los efectos de la rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). De esta cantidad, 99,49 millones responden a la menor recaudación directa del tributo; 28,74 millones, a la minoración de la transferencia del Fondo de Garantía de los servicios públicos fundamentales; 19,03 millones, al ajuste del Fondo de Suficiencia Global, y 15,14 millones, a la reducción en el Fondo de Cooperación.
El importe restante, que asciende a 63,01 millones de euros, corresponde a la reducción aplicada en el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE). De dicha cantidad, 62,02 millones de euros se deben a la menor recaudación del tributo y 0,99 millones, a la minoración de la transferencia del Fondo de Garantía de los servicios públicos fundamentales.
