El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, exigió hoy “explicaciones” ante la posibilidad de que alguien del Gobierno de Pedro Sánchez diera información “privilegiada” y “con antelación” al secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, sobre los registros practicados ayer, uno de ellos en el Ayuntamiento de Soria, que se saldaron con seis detenciones, entre ellas la de la concejala de Medio Ambiente y Turismo, Yolanda Santos.
“Eso me parece gravísimo”, afirmó Fernández Mañueco minutos antes de participar en el acto conmemorativo del ‘Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo de Castilla y León’, según ha recogido ICAL.
En ese sentido, el presidente de la Junta y del PPCyL se refirió a las declaraciones del secretario general del PSCyL y exalcalde de Soria al diario El País, en las que inicialmente afirmaba que había conocido este lunes el registro que se llevó a cabo este martes por un presunto delito menor de tráfico de influencias. Posteriormente, el medio de comunicación rectificó esta información para recoger que había tenido constancia de la actuación de la Guardia Civil ayer martes.
También el PSOE aclaró en un comunicado posterior que Carlos Martínez se enteró el martes de la investigación iniciada ya que se lo comunicaron desde el Ayuntamiento, y no el día anterior como figuraba “erróneamente” en un medio de comunicación. Sin embargo, sus explicaciones no convencieron a Fernández Mañueco, quien consideró que es “todavía mucho más grave” que desde el Gobierno se lo hubiera avisado con antelación.
Igualmente, desde el “respeto absoluto” a la presunción de inocencia, el presidente de la Junta y del PPCyL aseguró que los hechos conocidos son “extremadamente graves", por lo que a su juicio “alguien tiene que dar explicaciones de lo que ha ocurrido” en el Ayuntamiento de Soria, gobernado por Carlos Martínez durante 19 años, ya que dejó su cargo en abril para convertirse de nuevo en procurador y portavoz socialista en las Cortes.
La actuación judicial, que se encuentra bajo secreto y que continúa abierta, investiga la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal. Este miércoles cinco de los detenidos fueron puestos en libertad y la concejala de Soria, a la que se le han retirado sus competencias, ha pasado a disposición judicial.
