El Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León ha exigido este miércoles al secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, que aclare “quién” y “cuándo” le informó del registro llevado a cabo en el Ayuntamiento de Soria, una actuación policial que se saldó con seis detenciones en el marco de una investigación judicial por presuntos delitos de corrupción.
La portavoz del PP en la Cámara autonómica, Leticia García, ha cuestionado públicamente las declaraciones del dirigente socialista y ha advertido de la posibilidad de que se haya producido un “chivatazo”, algo que ha calificado de hecho “gravísimo”.
“Huele a chivatazo”, acusa el PP
Según ha expuesto García, Carlos Martínez habría manifestado en un primer momento que tuvo conocimiento previo de la operación policial, aunque posteriormente matizó sus declaraciones. Para los populares, esta circunstancia abre interrogantes sobre el origen de la información y el modo en que fue transmitida.
“¿Quién avisó al señor Martínez y cuándo se le avisó de que se iba a producir ese registro?”, se ha preguntado la portavoz del PP, que ha insistido en que este tipo de actuaciones no se notifican previamente para no comprometer la investigación.
“En este tipo de procedimientos, el factor sorpresa es esencial”, ha subrayado, advirtiendo de que una filtración podría haber afectado al desarrollo de la operación.
Posibles acciones legales
El PP no descarta llevar el caso más allá del terreno político. La formación ha asegurado que estudia “todas las vías posibles”, incluidas acciones judiciales, para esclarecer lo sucedido.
Leticia García ha insistido en que el asunto “le pilla por todos lados” a Carlos Martínez, al tratarse de hechos investigados durante la etapa en la que fue alcalde de Soria durante casi dos décadas.
Respeto a la presunción de inocencia
Pese a la contundencia de sus declaraciones, la portavoz popular ha querido dejar claro el respeto del PP a la presunción de inocencia en un caso que ha calificado de “muy inquietante”, aunque ha insistido en la necesidad de que el dirigente socialista dé explicaciones públicas inmediatas.
El caso sigue generando tensión política en Castilla y León mientras la investigación judicial permanece bajo secreto de sumario y continúa la instrucción de los hechos.
