Las políticas de fomento del empleo que desarrolla la Consejería de Empleo e Industria se articulan, entre otros ejes, a través de la Estrategia de Empleo Rural y Local, que para este año recoge más de 61 millones de euros en incentivos dirigidos a las entidades locales y a las empresas para la incorporación de desempleados al mercado laboral. En el caso de las instituciones, estos apoyos se vinculan a la realización de contratos para la ejecución de obras y servicios de interés social, tratando de reforzar las actividades productivas con un mayor impacto económico y potencial de creación de puestos de trabajo en el medio rural.
En este sentido, las subvenciones aprobadas este miércoles pretenden generar empleo en torno a labores forestales y medioambientales, de manera que los desempleados contratados realizarán tareas de control y limpieza de la vegetación los núcleos rurales para la prevención de incendios forestales o la mitigación de sus efectos, en caso de producirse.
Se trata de una actividad esencial, que el Gobierno autonómico va a mantener en estas circunstancias excepcionales. Asimismo, la Consejería de Empleo e Industria ha previsto la concesión de un anticipo equivalente al 40 % del importe total de la subvención con el fin de facilitar liquidez a las corporaciones provinciales en estos momentos de dificultades económicas.
Las ayudas permitirán financiar los costes salariales y de Seguridad Social de 330 trabajadores, según las estimaciones del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), que se agruparán en un mínimo de cuatro cuadrillas compuestas por cinco integrantes en cada provincia. Su distribución por instituciones provinciales es ésta: Ávila, 380.000 euros; Burgos, 370.000 euros; León, 480.000 euros; Palencia, 310.000 euros; Salamanca, 420.000 euros; Segovia, 300.000 euros; Soria, 340.000 euros; Valladolid, 300.000 euros, y finalmente Zamora, 400.000 euros.
Criterios de asignación
La asignación se ha realizado a partir de una cuantía fija de 200.000 euros para cada diputación –necesaria para sufragar el mínimo de cuatro cuadrillas establecidas– y otra variable, que es el resultado de ponderar otros criterios como la tasa de paro provincial, la superficie forestal de cada territorio o el número de incendios sufridos en el último lustro. Los trabajos estarán coordinados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que planificará con las corporaciones locales la formación de los capataces y las demarcaciones donde se debe actuar, cumpliendo los criterios de seguridad y salud laboral.
Las diputaciones provinciales deberán otorgar preferencia en las contrataciones a desempleados inscritos en las oficinas del Ecyl que sean jóvenes menores de 35 años –fundamentalmente sin cualificación–, mayores de 45 años –en particular, los que carecen de prestación y tienen cargas familiares– y los parados de larga duración y personas en riesgo de exclusión.
En todos los casos se trata de colectivos definidos como prioritarios en la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, consensuada entre la Junta y los agentes económicos y sociales representados en el Consejo del Diálogo Social.
