La alianza UPA-COAG ha presentado numerosas alegaciones a los `Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios protegidos Red Natura 2000´ de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. La organización ha trasladado a la Administración regional una serie de observaciones y alegaciones a las versiones preliminares de dichos Planes con el objetivo de defender la actividad profesional agraria pues desde su punto de vista “es perfectamente compatible y presenta numerosas sinergias con los objetivos de la Red Natura 2000”.
La organización se opone a que en el texto “se criminalice, implícita o explícitamente, de forma generalizada o esporádica la actividad agrícola y forestal con afirmaciones normalmente ambiguas y que pueden dañar injustificadamente la imagen de la actividad profesional que desempeñan los agricultores y ganaderos de nuestra Comunidad Autónoma, tachándose de forma reiterada dicha actividad, eso sí, de forma genérica y sin detallar, como una amenaza para la Red Natura”.
UPA-COAG pone especial énfasis en sus alegaciones en que determinadas actuaciones agrarias que actualmente se desarrollan vienen impuestas por la PAC y que, por lo tanto, la recuperación de los valores ecológicos de los espacios “no queda al margen de las imposiciones paralelas a que obligan las directrices de las políticas comunitarias, a las que deben someterse los agricultores y ganaderos”. Da así la impresión, lamentan, “que el ‘espíritu PAC’ y el ‘espíritu Red natura 2000’ no están sintonía”.
Además, dado que se pretende que las directrices y medidas propuestas en los Planes de Gestión sirvan de referencia y orientación en su ámbito de aplicación para la formulación de políticas sectoriales y la programación de actuaciones de las administraciones públicas, “y que no pocas de estas medidas supondrían limitaciones a la actividad agraria”, la Alianza considera, por un lado, que las organizaciones agrarias “deben tener participación y cabida directa en todo tipo de formulación y programación sectorial que se haga previamente a su aprobación por cuanto a las consecuencias que pueden derivar para la actividad agraria”. UPA-COAG demanda, además, la implicación directa de la Consejería de Agricultura “al objeto de que, ante el menor menoscabo de los legítimos intereses de los profesionales de la agricultura y ganadería que pueda producirse durante el desarrollo de los Planes, esta vele, incluso de oficio, en defensa de los mismos ante su homónima de Medio Ambiente”.
La organización agraria se opone “a toda limitación injustificada al uso y ejercicio de la actividad tradicional en el medio agrario”. Ahora bien, en caso de que llegara a producirse, alertan, “dicha limitación habrá de ir de la mano de las contrapartidas correspondientes”. De lo contrario “no se conseguirá otra cosa que abundar en los ya graves y crónicos problemas de despoblamiento y empobrecimiento del medio rural, y de forma indirecta se estará fomentando el abandono del medio y dificultando, cuando no revertiendo, la consecución de los objetivos Red Natura 2000 pretendidos”.
Cree UPA-COAG, que la gestión de los planes de conservación “debe ir encaminada a lograr la colaboración de los agricultores y ganaderos en aras de alcanzar los objetivos pretendidos buscando su implicación y lejos de recurrir a la mera imposición, prohibición o limitación del ejercicio de sus actividades profesionales sin más”.
Hay que recordar que Zamora tiene registradas diez Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), que ocupan una superficie de 213.580 hectáreas (el 20,22% de la superficie de la provincia), y diecisiete Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), que suponen 171.598 hectáreas (el 16,25 de la provincia). La provincia de Zamora tiene 10.561 kilómetros cuadrados, el 2,1% de la superficie de España. De esos 10.561 kilómetros cuadrados, el 27,39% está adscrito a la Red Natura 2000, con 289.288 hectáreas, lo que representa algo más 25 % de la Comunidad autónoma.
